Un plazo que se agotó, “ahora los argumentos se harán valer por la fuerza” en la zona de El Quimbo

Empoderados y llenos de entusiasmo la comunidad afectada por El Quimbo realizó una contundente asamblea que permitió a los campesinos llenarse de fuerza para mantener la resistencia y defender su territorio.

Como se había programado el sábado 16 de abril era el día esperado, ya que esa era la fecha concedida por la comunidad para que el Ministerio de Ambiente, tal como lo había solicitado y reiterado la Defensoría del Pueblo, suspendiera la licencia ambiental para la represa. Puesto que no hay garantías de reubicación dignas, menos de reasentamiento, no se han realizado estudios que hacen parte de los incumplimientos que pone en riesgo los derechos de la población.


Una asamblea general contundente se realizó en la zona de la vereda Domingo Arias, lugar donde ya se iniciaron obras para la construcción de la represa El Quimbo. Animados por un encuentro con el Procurador Agrario, el Ministerio de Ambiente y la Defensoría del Pueblo a quienes se les mostraría una vez más sus preocupaciones y situación.

Said Pedroza con su sombrero puesto como en todas las asambleas, desde muy temprano estaba listo y preparado con su camisa en la que dice “También soy afectado por El Quimbo”. Él es un anciano de la Vereda Vera Cruz y como muchos otros ancianos están dispuestos a participar atentos de la resistencia porque se niegan a perder su territorio al que le deben su vida.
La comunidad con respuestas de derechos de petición en mano, esperaban llenos de ilusión, la salida. Una mujer jornalera con la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente, luego de solicitar vía derecho de petición que se le respondiera por las garantías y compensaciones a las que tiene derecho. Siente un leve alivio lleno de esperanza al saber que ahí dice que efectivamente tiene derechos, “La carta menciona que nosotros los jornaleros también tenemos derechos a que se nos garantice compensación y reubicación“. Efectivamente derechos que hasta el momento han sido vulnerados. Aún así las obras de construcción para la represa siguen en marcha y la respuesta a dicha petición no termina siendo concreta en sus derechos.

Aproximadamente al medio día, Said y el resto de la comunidad subidos en una chiva iniciaron su recorrido hasta el Municipio de Gigante donde se reunieron todos los vehículos que fueron al punto de la Asamblea. Fueron 4 chivas y pequeños vehículos los que transportaron a más de 300 personas entusiasmadas y empoderadas de su defensa, comunidades de veredas como Balceadero, Jagualito, Río Loro y otras de municipios de Garzón y Gigante, se hicieron presentes. 

El obstáculo de la policía 

A las 2 y 40 una gran caravana transitó la vía que lleva al cruce de la Plata, lugar en donde fueron obligados a parar los vehículos por parte de la policía. Una rigurosa revisión de los papeles de los carros buscó entorpecer los planes de la población. La orden según el comandante era que no se podían pasar los carros, en lo que es una vía pública de tránsito nacional y por la que pasaban de manera normal vehículos, menos en los que se transportaban los campesinos.
La comunidad no lo pensó dos veces y llenos de fuerza decidieron obstaculizar la vía, “si no pasamos nosotros, no pasa nadie y ahora si está bloqueada”, se escucho decir. Acudiendo a su legítimo derecho de ir a una asamblea, obstruido por la Policía, la comunidad se hizo escuchar. Para la presidenta de Asoquimbo, Elsa Ardila Muñoz el suceso fue un atropello a la comunidad, “vamos a manifestar pacíficamente y no nos dejan pasar”.

Minutos luego que la comunidad obstaculizara el paso de vehículos en vía nacional, al comandante a cargo le dieron la orden y no le quedó de otra que autorizar el paso. Hecho que se convirtió en una victoria más de la comunidad en busca de garantizar plenamente sus derechos.

Obras a fuerza de todo 

De este cruce de la Plata se empieza a observar a un costado de la vía la marca de lo que son las obras que ya iniciaron. La vereda Domingo Arias hace parte del municipio de Paicol, ahí es evidente como avanzan las obras de adecuación en los terrenos que hacen parte de la logística para iniciar la represa. Grandes maquinarias destruyen terrenos en los que se construyen campamentos a la sombra del Ejército que los custodia y mantiene su seguridad.

A algo más de las tres de la tarde, al costado de una de la obras y al margen del río represado se dio pie a la Asamblea. Fuertes explosiones en las obras se escucharon, fue alta la perturbación en el ambiente que se logró evidenciar. Así lo confirmó Luis Alfonso Garcés, habitante del sector que no puede tener noches tranquilas y menos su madre de 79 años afectada por la fuerte presión y perturbación de las obras, que ya iniciaron sin ni siquiera reubicar a la población.
Obras que vulneran los derechos de la comunidad que aún habita en ese lugar, campesinos a los que no se les ha definido su situación. Estos hechos los constata la Defensoría del Pueblo que afirma que efectivamente se iniciaron las obras sin haberse realizado el proceso de reubicación o reasentamiento de la comunidad de Domingo Arias.

Ausencia total de autoridades gubernamentales y entes de control 

Lamentablemente a la asamblea nunca llegaron los convocados del los entes del Gobierno, Estado y control que debieron haber acompañado el proceso. Ni el Procurador Agrario, ni el Ministerio de Ambiente y ni la Defensoría del Pueblo acompañaron el desarrollo de dicha reunión. Ahora menos los alcaldes de la zona, los políticos del Huila en el Congreso y menos el Gobernador de esta región.

La comunidad con un fuerte coro calificó al procurador delegado para asuntos Ambientales y Sociales, Oscar Darío Amaya Navas como un traidor por haberse comprometido visitar la zona y pedir suspensión de la obra en un foro en Bogotá sobre megaproyectos. Aún así al parecer llegó a Neiva, nunca se reunió con la comunidad y dio un fallo a favor de la represa, argumentando que no estaba pasando nada.
Por estas razones por medio del Congreso de la república se espera compulsar copias para la investigación por la responsabilidad administrativa, civil y penal del funcionario Amaya en el caso de las ilegalidades de El Quimbo en el tema de la modificación de la Licencia. También se programará audiencia pública en el Congreso.

Presiones y mentiras, motivos de resistencia

Yolanda Pérez madre cabeza de hogar de la zona Domingo Arias, llena de incertidumbre manifiesta que ella depende de estas tierras y la tranquilidad que goza no se encuentra en ninguna parte, ahora está en riesgo y reafirma su posición de no al El Quimbo.

La comunidad de la zona confirma que contrario a lo que se dice en otras veredas para presionar la venta de tierras, es falso que se hayan negociado con toda la comunidad de Domingo Arias. Elsa Ardila manifiesta que son mentiras, “la comunidad no está arreglada y se les vulnera sus derechos”. Esto debido a que no se les ha garantizado la actividad económica a todos los grupos poblacionales. “No podemos permitir que se pizote nuestra dignidad”, agrega la presidenta de Asoquimbo.
El Consejal Rolando Botello, manifestó que se pudo desmontar el discurso con el que vienen engañando a la comunidad, diciendo que ya muchos están arreglados y los que faltan se les amenaza con expropiación, “no se ha garantizado condiciones de vida con la misma construcción social para una reubicación”. Ya que es una afectación colectiva a todo un entorno de ríos, montañas, árboles, familias y toda una vida construida. Asunto que la Defensoría del Pueblo reconoce al sostener que se tiene bajo presión a las comunidades para que vendan en lugar de que opten por la reubicación o el reasentamiento como mejor opción.

Una falsa negociación a la que la comunidad denuncia los regalos que hace Emgesa, tal es caso de los espejos que entregan. La población calificó tal regalo como un acto de humillación, “otra vez traen los espejos con lo que alguna vez vinieron a robar el oro y nuestras riquezas”.

Para el investigador y profesor Miller Dussán que ha venido acompañando el proceso, Emgesa no debe venir a poner condiciones porque los campesinos son los dueños de la tierra, “si la razón no es suficiente para hacer valorar los argumentos, se hace por la fuerza con resistencia y movilización”.

Acciones por la fuerza

La comunidad manifiesta que Emgesa no ha entregado ninguna propuesta de reasentamiento a los afectados. La comunidad víctima de desplazamiento involuntario y más aún forzado por la complacencia del Gobierno al permitir la violación de derechos por parte de Emgesa, Endel, Enel. Ahora piden que se le garantice derechos a toda la población afectada, trasportadores, paleteros, pescadores y otros vulnerados.

Bajo estas circunstancias, la no cancelación de la licencia y otros argumentos, la comunidad en asamblea aceptó y firmó la declaración en la que piden que se cancele la licencia de la represa. Además que se les restituya sus predios a los campesinos y se restablece las condiciones socioeconómicas a toda la población afectada, puesto que vieron perjudicadas sus actividades económicas y proyectos de vida.

Esto representa que se les indemnice con restitución de sus actividades y compensación por daños causado. De igual forma se creará una mesa con delgados de las comunidades en compañía de Defensoría del Pueblo, el Programa de Naciones Unidas, PNUD y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.

Es así como la asamblea dio pie para acordar que se cancela todo proceso de negociación individual o colectiva que emprenda Emgesa con la comunidad. Lo que implica no participar en estudios programados por la multinacional. Tema que se tratará exclusivamente en la mesa, no para llegar acuerdos sino para establecer su compensación. “Ya no hay nada que negociar, es exigir el pago de daños causados”, agregó la comunidad manifestando que el territorio no se vende, “afuera Emgesa de nuestro territorio”.
Por lo tanto ven como mejor alternativa una Reserva Campesina Agroalimentaria, ya que continúa siendo la mejor propuesta para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y de sus proyectos de futuro.

Esperanzas latente y fuerza viva

La jornada de asamblea terminó llegada las 6 de la noche, luego que la comunidad marchó unos kilómetros de regreso obstaculizando el paso en la vía por más de 45 minutos. Momento en que enérgicos ancianos en una muestra de valentía y dignidad, haciendo sentir su fuerza y su voz dijeron una vez más “No al El Quimbo”.

Said Pedroza con ímpetu de juventud con más fuerza y a hora más dispuesto que nunca a defender su tierra y lleno de esperanza continuó su recorrido con la comunidad en las chivas y otros carros para retornar a sus hogares que esperan conservar siempre.

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La afectación al ecosistema es evidente

Hasta ahora, después de iniciadas las obras se adelanta un estudio de vulnerabilidad y otro etnográfico que debía ser requisito indispensable para la licencia. Estudios en los que se utiliza la comunidad para beneficiar a la multinacional, ya que los investigadores son contratados por Emgesa en un término de una semana que dejan sobre el piso su aplicabilidad. La comunidad decidió que no participará más de estos espacios programados por Emgesa, lo que daría para que un estudio pierda todo tipo de validez al no tener datos idóneos de toda la población.

¿Los muertos de Emgesa? 

Luís Alfonso Garcés con profundo dolor recordó la muerte de su padre. Afirma que murió esperando a ser reubicado y por la presión de tener que perder su tierra, ahora bajo esa mentira sigue esperando, “No quiero salir de la región, toda la vida he vivido aquí”.

Se hizo oportuno recordar los muertos, que para la comunidad representa ser muertos de Emgesa porque fue bajo presiones y la incertidumbre de perder sus territorios que han fallecido más de seis habitantes de la zona, desde que la multinacional llegó a quitarles sus tierras, tal fue el caso de Miller Montealegre.

Por: Neyder Salazar 

 LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA Y LAS OBRAS DE LA REPRESA EL QUIMBO ÚNICA GARANTIA PARA RESTABLECER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

de Quimbo Movilización, el Lunes, 16 de mayo de 2011 a las 19:09

LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA Y LAS OBRAS DE LA REPRESA EL QUIMBO ÚNICA GARANTIA PARA RESTABLECER LOS  DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS COMUNIDADES

Las comunidades afectadas, exigimos al Ministerio de Ambiente la suspensión de  la licencia ambiental y las obras del Proyecto Hidroeléctrico, en acatamiento a la solicitud que en ese sentido le formuló la  Defensoría del Pueblo,  por el incumplimiento de la licencia  y, específicamente, los artículos 10, 11 y 12 de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009,  razón por la cual no participaremos de ningún acuerdo con Emgesa y, específicamente, sobre reasentamiento de la población, compraventa de predios, restitución de la actividad productiva, ni de sus “estudios” de vulnerabilidad, etnográficos, entre otros. Asoquimbo sólo tendrá interlocución con la autoridad ambiental que expidió la Licencia.
  
Ante la gravedad de las denuncias verificadas durante las visitas a la zona, el Ministerio de Ambiente viene aplazando la expedición  del  Acto Administrativo sobre la Gestión Social de Emgesa facilitando un acuerdo con la empresa para no suspender las obras como lo demanda la Defensoría del Pueblo, sin importar el agravamiento  de la violación de los derechos de las comunidades. La respuesta a los derechos de petición siempre es la misma: “este Ministerio se encuentra elaborando las correspondientes actuaciones administrativas a través de las cuales se fijará la posición Ministerial en torno a todas y cada una de las problemáticas evidenciadas tanto en la visita como en las socializaciones”.

Una vez suspendidas las obras proponemos la creación de una Mesa de Protección y Restablecimiento de los Derechos, donde el Estado asuma la reparación de los daños causados a toda la población directa e indirectamente afectada como la destrucción de las actividades socioeconómicas, los tejidos sociales, los empleos y jornales de trabajo por desplazamiento y las graves afectaciones psicosociales y muertes por presiones inhumanas, en fin, la destrucción de los proyectos de vida y, garantice subsidios para la creación de una  Reserva Campesina Agroalimentaria para la Zona de El Quimbo. La Mesa estaría integrada por representantes de las comunidades, Asoquimbo, la Fundación el Curíbano (tercer interviniente), el Ministerio de Ambiente, la Defensoría Nacional del Pueblo con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos en Colombia y el PNUD región Surcolombiana.

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